Esta normativa, primera de su tipo en el país, regulará a nivel nacional los trámites de las demandas de los ciudadanos hacia las instituciones.

Es deber de las instituciones atender, escuchar, solucionar, dar seguimiento y constatar la satisfacción de las personas.

Tanto la Ley como su Reglamento refuerzan la premisa de lograr una administración pública transparente, ágil, eficaz y eficiente, en correspondencia con los Lineamientos 195 y 201 de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución (2021-2026), así como el Objetivo de Trabajo No. 16 de la Primera Conferencia Nacional del Partido Comunista de Cuba (PCC).